¿Qué demandan?, ¿Cuáles son las respuestas de los Gobiernos Central y Autonómicos?, ¿Cuál es el impacto económico de los paros y las protestas?
Después de las protestas agrarias que se desataron en toda Europa, los agricultores y ganaderos españoles han alzado su voz exigiendo condiciones más justas y sostenibles en el campo español. Las manifestaciones se han materializado a través de cortes en carreteras a lo largo y ancho de España y las razones detrás de estas acciones son diversas y fundamentales para el futuro del sector agropecuario, de la reglamentación de la cadena alimentaria y de las posibilidades de consumo de todos los españoles.
Las Causas de las Protestas son variadas y antiguas, pero las mas importantes y las que llevan, en este momento, a nuestros agricultores y ganaderos a las protestas tienen que ver sobre todo con:
1.La aplicación y el cumplimiento de Ley de la Cadena Alimentaria:
Los agricultores y ganaderos señalan un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.
Esta ley pretendía abordar el desequilibrio de la cadena alimentaria, garantizar el futuro de la actividad agroalimentaria, favorecer la capacidad de negociación de ganaderos y agricultores y un reparto mas justo de lo generado en esa cadena.
Pero no hace falta conocer mucho de economía y negociaciones para tener claro que con esta ley todos estos cambios no se han dado, mas bien la realidad sigue quedando al margen del cumplimiento de la ley sin que los ganaderos y agricultores tengan la capacidad de hacer su trabajo de manera rentable y sostenible en el tiempo.
La Ley puede y debe mejorarse, pero sobre todo debe enfocarse en cumplir todos estos buenos propósitos. Para ello debe dotar de la fuerza necesaria a los autónomos y las pymes del sector para no vivir y trabajar doblegados por la burocracia administrativa y el abuso al que les someten las grandes empresas distribuidoras y los intermediarios que no aportan valor siquiera en la transformación de los productos.
El Estado debe garantizar la relación en igualdad entre los pequeños y medianos productores y quienes les compran la producción y deciden los precios al consumidor, y si para ello debe regular mas y mejor debe hacerlo.
Lo mismo ocurre con los Gobiernos Regionales deben de aplicar medidas que garanticen que los productores hoy y mañana podrán seguir produciendo de manera rentable.
Sólo con la unión de fuerzas de ambas administraciones y con la colaboración activa entre ellas es posible que se resuelva este conflicto que no es un conflicto por ganar mas, si no que es un conflicto por estar, por defender el entorno, por el trabajo digno, por cuidar de nuestros campos y por todo lo que nos beneficia como país y que sólo recae sobre unos pocos de los que nos acordamos sólo en pandemias o cuando cortan las carreteras.
Para considerarnos un “País Sano” no basta sólo con pensar en nuestra dieta mediterránea, debemos ser un país respetuoso con quienes hacen posible lo más básico a diario sin que nos demos cuenta como mantener cuidados nuestros campos y alimentarnos diariamente. No vale con hablar bien de ellos de vez en cuando, debemos ser conscientes cada vez que compramos o consumimos alimentos.
2.El precio y las ayudas del Gasóleo de Uso Profesional:
Exigen un apoyo más directo y ágil al gasóleo de uso agrícola, proponiendo que los descuentos se realicen en el lugar de abastecimiento, similar a lo hecho para la ciudadanía durante la época poscovid.
En este momento lo que tienen concedido de antes y se mantienen por parte del Gobierno Central, en concreto de Hacienda, son rebajas en IRPF para el gasóleo agrícola y los fertilizantes. Estas rebajas se reflejan como minoraciones del 35% para el combustible y del 15% de los fertilizantes y ya se han venido aplicando en 2022 y 2023 debido al encarecimiento de los costes de producción.
La solicitud de los agricultores y ganaderos es que el descuento se aplique directamente para no tener que “adelantar” el dinero en esta situación compleja que viven de pérdidas importantes y de falta de financiación para garantizar la continuidad.
3. Por tercero y último las Importaciones de Países Terceros:
Los agricultores denuncian la competencia desleal de importaciones que no cumplen las normativas internas de la Unión Europea, presionando a la baja los precios en España.
Este punto va interrelacionado con el de la Ley de la Cadena Alimentaria ya que esta está en consonancia de otras leyes intergubernamentales de la Unión Europea, leyes que sólo afectan y dirigen a los producciones europeas que deben cumplir todos unas mismas condiciones. Sin embargo dejan fuera las producciones de países terceros en cuanto al uso de fertilizantes, el descanso de las tierras y otras obligaciones que sí tienen los productores europeos.
En este sentido la Cadena Alimentaria debe garantizar que las producciones que cumplan las normativas europeas no compitan con producciones menos costosas de fuera del territorio, que no son menos costosas por el coste laboral si no porque son producciones menos saludables y menos respetuosas con el medio ambiente.
Si queremos una Europa y una España respetuosa con el medio ambiente no debemos hacer cargar con eso a los pequeños productores agrícolas y ganaderas, en todo caso deberíamos legislar y aplicar mecanismos económicos que devuelvan a esos productores lo que ellos generan en concepto de bienestar al país entero por cuidar nuestro entorno tal y como se les pide y por cuidar de nuestra alimentación tal y como se les pide con la aplicación de las normativas europeas que nadie discute.
No es una cuestión de regalar nada, es una cuestión de comprender que lo que se les exige respecto a su manera de producir es bueno para todos y por tanto todos como País debemos devolver lo que ellos aportan a esa parte de bienestar. Si bien es cierto que es difícil de medir, no por ello debemos obviarlo.
Respuestas del Gobierno Español:
El gobierno ha respondido a las protestas de los agricultores con una serie de medidas destinadas a abordar sus preocupaciones:
Por un lado Diálogo y Negociación:
Se han establecido mesas de diálogo entre el gobierno, sindicatos agrarios y organizaciones del sector para abordar las inquietudes y buscar soluciones.
Además se ha comprometido a revisar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los productores reciban precios justos por los productos.
Ha anunciado ayudas económicas a modo de financiación para los agricultores afectados, destinadas a mitigar pérdidas y proporcionar alivio temporal.
Y por último revisará las políticas agrarias y ya está valorando la política relacionada con el gasóleo agrícola y las importaciones de productos agrícolas para mejorar el acceso al gasóleo de uso profesional y abordar la competencia desleal.
La Unión Europea como elemento en la ecuación:
La Postura de la Unión Europea y la PAC también afectan a nuestros productores ya que la Unión Europea (UE) ha observado de cerca la situación en España y expresando su preocupación por las tensiones en el sector agropecuario. La Política Agrícola Común (PAC) ha sido un punto de descontento entre los agricultores y ganaderos españoles, quienes demandan reformas para garantizar una distribución más equitativa de los fondos y una mayor atención a las necesidades específicas del sector agropecuario español.
La PAC, como parte integral de la política agraria de la UE, se plantea para apoyar a los agricultores, promover la sostenibilidad y garantizar la seguridad alimentaria en la región. Sin embargo, los agricultores españoles han expresado descontento, argumentando que la PAC actual no aborda adecuadamente sus desafíos y necesidades, punto en el que coinciden con los Gobiernos Regionales.
La posición de la UE en este contexto será clave para el futuro del sector agropecuario en España. Las discusiones y negociaciones entre el Gobierno Español y las Instancias Europeas serán cruciales para encontrar soluciones que beneficien a los productores agrícolas y ganaderos y promuevan la estabilidad en el sector a nivel nacional y europeo.
Impacto Económico y Más Allá:
Las protestas y la crisis agraria tienen un impacto significativo en la economía española ya que con sus interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar la producción y el abastecimiento de alimentos, generando retrasos en la entrega de productos a mercados y supermercados y aumento de los precios debida a la incertidumbre y las interrupciones afectando la oferta y la demanda en el mercado.
Así mismo las dificultades en el sector agrícola y ganadero pueden impactar el empleo en zonas rurales y la sostenibilidad económica de comunidades agrícolas que ya son zonas normalmente afectadas por la temporalidad en el empleo y la falta de oportunidades lo que puede generar nuevamente migraciones y mas despoblación en los entornos rurales.
Las tensiones en el sector pueden afectar a la confianza y la imagen de España a nivel interno y externo generando una percepción de inestabilidad y desconfianza en la economía y en el Estado como garante.
Las protestas de los productores agrícolas y ganaderos están más que justificadas y reflejan la lucha por unas condiciones de producción más justas y sostenibles. La respuesta gubernamental y las medidas anunciadas son pasos iniciales hacia la resolución de estos problemas, pero la cuestión es lo suficientemente importante como para afrontar la situación actual con valor y rigurosidad, ya que sólo con la consecución de soluciones firmes a largo plazo puede garantizarse la estabilidad de un sector imprescindible para España.
No todas las organizaciones que convocan a las protestas y que reivindican las mejoras para los productores proponen las mismas fórmulas como solución, cosa que también es normal, puesto que los enfoques pueden ser distintos.
Sin embargo el ataque a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que lleva alguna de las organizaciones entre sus argumentarios no tiene sentido ya que la Agenda 2030 no habla de precios ni realiza propuestas legislativas europeas que son las que se aplican. En lo que nos afecta al campo y a las producciones sólo habla de ser conscientes y trabajar en consecuencia conservando mejor la naturaleza y ocupándose de mantener espacios sostenibles, cosa que nuestros agricultores y ganaderos son los primeros a los que interesa y los primeros que lo hacen, por ello entendemos que es más un matiz político que una reclamación y necesidad real de nuestros productores.
Lo que sí es cierto es que la Agenda 2030 es una declaración de intenciones con pocas posibilidades de cumplirse en esa fecha, pero entendida como un camino responsable general puede ser muy válida también para nuestros pequeños productores siempre que no tengan que competir contra producciones que no tengan estos requisitos.
En cualquier caso las reclamaciones tienen sus objetivos y la negociación tiene que ir marcada por el sentido común, ya que todos van a tener que ceder en algún punto para conseguir avanzar logrando, por un lado actividades rentables y prósperas y por otro lado transformando, de la mano de los Gobiernos Central y Regionales, la actividad hacia nuevos modelos de trabajo incorporando tecnologías y haciendo que el campo sea interesante para conseguir el reemplazo generacional que por otro lado necesita el sector.
