En la actualidad ya hay cientos de pymes y autónomos que venden sus productos o servicios a la Administración Pública.
Las razones por las que lo hacen son contundentes:
La Administración Pública realiza al año compras por valor de 130 000 millones de euros; es decir, el 13% del PIB español.
El sector público se compone por más de 10 000 organismos, por lo que no se trata de un único y gigante comprador, sino que hay 10 000 potenciales compradores.
El papeleo necesario para licitar, aunque es elevado y al principio puede resultar engorroso, garantiza la transparencia en el proceso, permite realizar reclamaciones en base a fundamentos escritos y, en definitiva, ofrece igualdad de trato a todos los licitadores.
La Administración Pública tiene adjudicados unos presupuestos en función a los cuales realiza sus compras, lo que implica que siempre dispone de dinero para hacer frente a las mismas: siempre paga.
El sector público supone un nuevo mercado. Centrarse en un solo segmento de mercado o en un solo tipo de cliente es peligroso para las empresas porque en un cambio de circunstancias pueden quedarse sin los mismos. Abarcar diferentes mercados (sobre todo si es tan grande como el del sector público) es una decisión estratégica de supervivencia.
