Para poder llevar a cabo su actividad de forma legal los autónomos deben estar dados de alta en la Seguridad Social en el conocido como Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Para agilizar los trámites y evitar los constantes desplazamientos hasta las oficinas, existe una plataforma a través de la que los profesionales pueden gestionar todos sus trámites con la Seguridad Social, se trata del sistema RED.

El sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) opera desde el año 2008, pero no ha sido hasta el 1 de octubre de 2018 cuando ha sido obligatorio para los autónomos estar dados de alta en el sistema RED.

Trabajar es una actividad que nos ocupa gran parte de nuestro tiempo, pero es imprescindible hacerlo para poder ganar dinero. Sin embargo, lo que pocas veces se tiene en cuenta es que tanto si trabajas por cuenta ajena, como si lo haces por cuenta propia, trabajar también cuesta dinero.

La figura del autónomo sigue siendo una de las más desconocidas para aquellas personas que nunca han estado de alta en el RETA. Aunque no se puede negar que ser tu propio jefe tiene muchos beneficios, también es cierto que el autónomo debe hacer frente a una gran cantidad de problemas.

Analizamos a continuación algunos muy habituales en las áreas de financiación y gestión empresarial y en el ámbito personal.

El trabajador autónomo es responsable con todo su patrimonio presente  y futuro  de cualquier obligación que surja en el ejercicio de su actividad. Esta obligación se extiende a su cónyuge, a no ser que haya sido limitada con anterioridad mediante régimen de separación de bienes,  o bien a través de la  inscripción de dicha limitación en el Registro Mercantil.

La Ley 53/1984 de 26 de diciembre estableció el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas. Posteriormente, en desarrollo de esta ley, se publicó el Real Decreto 598/1985 de 30 de abril, en el que se establecen las funciones y puestos incompatibles con determinadas actividades privadas. Por último en la resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, se aprobó el procedimiento para la reducción del complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado adscritos a los subgrupos C1, C2 y E que deseen compatibilizar su actividad pública con otra de carácter privado.

La sociedad profesional es la asociación de profesionales, de carácter colegiado, para el ejercicio de la actividad de forma conjunta a través de un ente creado para tal fin, con personalidad jurídica propia, patrimonio, derechos y obligaciones.

El trabajo profesional en equipo, la sociedad profesional, es la respuesta al aumento de la complejidad de muchas actividades, y permite la especialización y división de las tareas. En la sociedad pueden trabajar (ser socios) diferentes disciplinas de actividades profesionales. La duración de la asociación puede ser indefinida o por tiempo determinado.

El autónomo, tiene derecho a baja por Incapacidad Temporal, por enfermedad común o accidente no laboral, siempre que este dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y al corriente de los pagos a la Seguridad Social.  Si no se está al corriente de los pagos, la Seguridad Social concede el plazo de un mes para abonar las deudas y cobrar la baja desde el principio. También es requisito, solo en el caso de enfermedad común, tener un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la baja.

Definición y características

Según la Ley 20/2007, de 11 de julio, se considera trabajador autónomo económicamente dependiente a “aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”. (BOE, 12 de julio de 2007)

El año pasado se aprobaron una serie de bonificaciones  de carácter temporal (la ley especifica que se mantendrán hasta que la tasa de paro baje del 15%) que benefician especialmente a autónomos y pymes que contratan a jóvenes (y no tan jóvenes).

Cuando se realiza una actividad empresarial puede ser que ocurran distintas situaciones que hagan plantearse cambiar la situación jurídica, como puede ser el aumento en el volumen en la cifra del negocio o abrir nuevos nichos de mercado. Si ocurriera esto, se debería crear entonces una nueva sociedad desde cero, transmitiendo a sus trabajadores y bienes, de la antigua situación jurídica a la actual.