Las cuotas que hay que pagar a la Seguridad Social, o la elevada presión fiscal, son solo dos de las causas que hacen especialmente complicado el trabajo por cuenta propia en España. A ellas hay que sumar otras dos grandes trabas como son la morosidad y sobreendeudamiento, fenómenos que han ido en aumento desde que comenzó la pandemia.
La falta de liquidez de los autónomos
Tras decretarse el estado de alarma en marzo de 2020 y el posterior confinamiento, muchos autónomos tuvieron que cerrar totalmente su negocio y pasaron meses sin recibir otro ingreso que no fuera la prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno.
Muchos profesionales se quedaron sin los ingresos procedentes de su actividad, pero tenían que seguir haciendo frente a gastos como: los suministros, el alquiler del local, el pago de las cotizaciones de sus empleados (aunque estuvieran en ERTE), etc. Una situación que les llevó a empezar a gastar el fondo de reserva de su negocio e incluso sus ahorros personales.
Para cuando pudieron volver a su actividad, en muchos casos todavía con restricciones para trabajar, una buena parte de los cotizantes del RETA se habían quedado sin recursos económicos, estaban inmersos en un gran problema de liquidez.
La subida de los índices de la morosidad
Uno de los fenómenos económicos asociados a la crisis de la COVID-19 es el incremento de los niveles de morosidad. Como empresas y profesionales no pudieron trabajar con normalidad durante meses, se quedaron sin fondos y no pudieron hacer frente a los pagos pendientes.
En los últimos meses, los autónomos han estado sufriendo la morosidad de sus clientes. Algo que, a su vez, los ha convertido a ellos mismos en morosos de otras empresas, profesionales, y hasta de la Seguridad Social y de Hacienda, porque no tienen liquidez suficiente para hacer frente a todos los gastos pendientes.
El incremento del endeudamiento
A medida que han crecido los problemas de liquidez y de morosidad, el nivel de endeudamiento de los profesionales que trabajan por cuenta propia ha aumentado, porque muchos de ellos han recurrido a préstamos para intentar cubrir sus deudas.
De hecho, se puso en marcha un programa especial de préstamos ICO para los autónomos y las empresas afectadas por las medidas restrictivas a la actividad, y ahora muchos de ellos no están seguros de poder devolver ese dinero.
¿Qué se puede hacer ante esta situación?
Lejos de mejorar, el panorama sigue empeorando, con una inflación que está en tasas de dos cifras y que no tiene visos de bajar demasiado en los próximos meses. Algo que acabará dando lugar a un nuevo incremento de la morosidad y al sobreendeudamiento de aquellos que intentan sacar un negocio adelante.
Es difícil afrontar una situación de este tipo, pero lo que también hay que tener claro es cuándo ha llegado el momento de dejar de luchar. Si el endeudamiento es de tal magnitud que ha llevado al autónomo a una situación de insolvencia, lo mejor que puede hacer este es acogerse al proceso de Segunda Oportunidad, que permite una exoneración total de las deudas pendientes de pago.
Gracias a las modificaciones incorporadas en la nueva Ley Concursal y Ley de Segunda Oportunidad (Ley 16/2022) un autónomo ya puede declararse insolvente y puede hacerlo incluso antes de que se produzcan los impagos. Puede también solicitar un concurso de acreedores voluntario si no son posibles los acuerdos con sus acreedores.
La nueva normativa en torno a esta materia, configura un procedimiento más ágil, más sencillo, y menos costoso en términos económicos, y está dando buenos resultados.
Hace unas semanas, un juzgado de Cádiz exoneró a un autónomo del pago de 108.000 euros en créditos que este profesional había ido pidiendo a lo largo de la pandemia para intentar sufragar las deudas que tenía pendientes.
Al no poder hacer frente a la devolución de los créditos, el autónomo inició un procedimiento de Segunda Oportunidad y solicitó el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Como cumplía los requisitos establecidos legalmente para ello, el Juzgado de lo Mercantil le ha liberado de sus deudas, que ascendían a 107.999 euros, y le ha dejado conservar la titularidad de dos vehículos.
A ello hay que sumar que, a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la nueva normativa permite la liberación de deudas de los autónomos con Hacienda y la Seguridad Social, aunque en este caso está limitada a 10.000 euros con cada Administración. Lo que exceda de esa cantidad, habrá que pagarlo aunque se obtenga el BEPI.
Si eres autónomo y estás atravesando problemas económicos, nos tienes a tu lado para ayudarte en el proceso de Segunda Oportunidad, con el que volverás a vivir con tranquilidad y sin deudas.
