La "huelga encubierta" de controladores, que ha obligado a cerrar este viernes el espacio aéreo español, supone la pérdida de miles de paquetes de viajes y decenas de miles de plazas hoteleras que se esperaban llenar este puente. Junto a estas pérdidas, y las de más de 100 000 viajeros afectados, se encuentran las producidas en las miles de pymes y autónomos que viven del, o alrededor, del sector turístico.
El Gobierno de Canarias ha presentando una denuncia contra los controladores aéreos ante el Fiscal General para corregir la indefensión y el deterioro económico y de imagen creada por dicha huelga.
Desde las asociaciones de consumidores y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) se insta a los viajeros afectados por la huelga a no abandonar el aeropuerto sin cumplimentar las reclamaciones correspondientes, tanto ante los mostradores de Aena como de las compañías aéreas.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, declara en rueda de prensa que Aena abrirá expediente a todos los controladores que hayan faltado a su puesto de trabajo sin razón; sin perjuicio de las actuaciones penales que están desarrollando las distintas fiscalías de España y, por supuesto, las actuaciones que pudieran derivarse de las denuncias interpuestas por los ciudadanos en los juzgados correspondientes.
El Gobierno de Canarias ha presentando una denuncia contra los controladores aéreos ante el Fiscal General para corregir la indefensión y el deterioro económico y de imagen creada por dicha huelga.
Desde las asociaciones de consumidores y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) se insta a los viajeros afectados por la huelga a no abandonar el aeropuerto sin cumplimentar las reclamaciones correspondientes, tanto ante los mostradores de Aena como de las compañías aéreas.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, declara en rueda de prensa que Aena abrirá expediente a todos los controladores que hayan faltado a su puesto de trabajo sin razón; sin perjuicio de las actuaciones penales que están desarrollando las distintas fiscalías de España y, por supuesto, las actuaciones que pudieran derivarse de las denuncias interpuestas por los ciudadanos en los juzgados correspondientes.