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La economía sumergida supone el 11% del PIB

El Perfil del trabajador inmerso en la economía sumergida tiene, por norma general, dos características comunes: son jóvenes y desempleados. Así lo han hecho ver los empresarios del (CEC) Consejo Empresarial para la Competitividad, que ha analizado este sesgo de la economía laboral y que incluye además el factor del pago en dinero negro como práctica extendida.

Los datos que arroja esta entidad sobrevuelan la cifra de los 730.000 trabajadores que podrían estar ejerciendo una labor a escondidas de la Seguridad Social, así, en este grupo entrarían sectores de la población como parados, que al mismo tiempo tienen actividad económica sin declarar, inmigrantes sin documentación, y al mismo tiempo empresarios que  no regularizan a sus trabajadores o que prefieren hacer los pagos con dinero sin declarar. Siendo estrictos, los parados con un trabajo no declarado supondrían un 39% de todo el empleo que consideramos sumergido. Sin embargo la franja de trabajadores inmigrantes sin regularizar supondría en 15%.

Esta enorme cantidad de trabajadores sumergidos estarían aportando al PIB nada más y nada menos que el 11%, este dato ha hecho que los representantes del CEC, entre los que destacan César Alierta de Telefónica, Ana Patricia Botín de Santander, o Pablo Isla de Inditex, hagan una llamada a la recuperación de la economía por la reflotación de todo ese empleo. La propuesta se basaría en hacer una transformación radical de la economía española, basada en la "productividad, la educación y la competitividad".

Para llevar a acabo esa reforma del tejido laboral, entre otras medidas, se propone el de luchar contra la práctica del fraude laboral y  llegar a definir medidas de ajuste fiscal. Para poder llevar a cabo esa reforma, el CEC ha puesto la mirada sobre la falta de inspectores laborales. La propuesta incluye un dato que serviría para darse cuenta de la cantidad de empleo sumergido que hay en España. El representante del Consejo, César Alierta, advierte que podrían aflorar 827.000 empleo desde este año hasta el 2018.

Del mismo modo, la propuesta no deja de tocar otros campos como la Administración Pública, de la que han comentado que debería reducir el número de efectivos. Llegar a una cifra más racional y más eficiente. Esto haría reducir la factura de la Administración Pública hasta en 5000 millones de euros.

Todas esta medidas, aplicadas con una agenda bien estipulada e inamovible, generarían en torno a los 2,3 millones de trabajos en cuatro años. Todas estas cifras y estas medidas quieren que la incidencia de las mismas se vea reflejada en las Pymes y en los propios trabajadores.