Asistimos a la pandemia más grave que se recuerda desde la llamada “gripe española” que ocurrió hace, casi exactamente, 100 años. Sin datos extremadamente fiables, se calcula que aquella acabó con entre el 3% y el 6% de la población mundial, es decir, decenas de millones de personas.
Por suerte, el actual coronavirus COVID-19 no parece que vaya a causar un impacto similar en la población mundial, que, con las cifras de población actual, supondría segar la vida de cientos de millones de personas.
Lo que sí parece indudable es la grave crisis económica mundial que esta pandemia provocará y que, por el momento, ha supuesto la perdida de millones de puestos de trabajo, una profunda caída de las bolsas alrededor del mundo y la paralización de cientos de países.
Esta situación ha generado diferentes respuestas en todos los países afectados con el fin de evitar sus efectos. Con mayor o menor éxito, todos los países están intentando desarrollar programas en este sentido. También en el seno de la Unión Europea se generará un programa de ayuda, aunque con muchos escollos de los países del norte.
Llamativamente, Dinamarca, Polonia y Francia han manifestado que no podrán resultar beneficiarios de sus programas de ayuda las empresas que cuenten con residencias en los paraísos fiscales.
Aun pareciendo lógico que aquellas empresas que utilizan cuentas offshore y herramientas de ingeniería fiscal para evitar contribuir al progreso de los países en que operan, resulta una novedosa medida. Hasta ahora no ha habido ninguna limitación similar en nuestro país. De hecho, la reciente crisis de 2008 no contó con anuncios de este tipo, siendo el sector bancario el mayor beneficiario de las ayudas públicas, a pesar de su afición a la ingeniería fiscal y a las cuentas offshore, tanto para ellos, como para sus clientes.
En cualquier caso, parece justo que aquellos que eluden sus responsabilidades para contribuir al futuro de los lugares donde operan utilizando mecanismos opacos, no puedan aprovecharse de los recursos públicos para salir indemnes o menormente afectados por esta pandemia, mientras que otros, ya sean autónomos, pymes o grandes empresas, sí contribuyen como les corresponde.
Lo que carece de sentido es que los Estados permitan que empresas multinacionales se instalen en sus territorios con mecanismos cuyo único objetivo es eludir el pago de impuestos. Situación que resulta especialmente injusta para autónomos y pymes, que carecen de recursos para rebajar su carga impositiva y son, junto a los trabajadores por cuenta ajena, los que soportan mayores tasas fiscales y, por tanto, los principales sostenedores de los ingresos del Estado. Ingresos indispensables para generar las condiciones idóneas del mercado (redes de comunicación y transportes, población formada, seguridad jurídica, etc.) que esas empresas explotan a su antojo.
Paradójicamente, los Estados están permitiendo que las grandes empresas se burlen de sus sistemas tributarios. Son múltiples los lobbies que pululan alrededor de Bruselas con el único objetivo de enriquecer a unas pocas empresas y sus accionistas, mientras nuestros representantes políticos efectúan ante ellos una prolongada genuflexión.
Es por ello que podemos encontrar una buena lista de paraísos fiscales donde refugiar el dinero, ya sea este lícitamente obtenido o, como sucede en muchas ocasiones, producto del delito. Resulta sorprendente que en pleno siglo XXI se administre tal diferencia entre dinero y personas. Mientras los seres humanos cuentan con múltiples barreras y fronteras, para el dinero, en especial para las grandes sumas, no hay fronteras de ningún tipo, sea cual sea su origen.
La propia Unión Europea cuenta con varias listas de paraísos fiscales, lista negra y lista gris, donde, sorpresivamente, ya no figuran paraísos reconocidos como Suiza o Andorra, y mucho menos lugares como Jersey o Gibraltar, ambos británicos, que hasta el momento forman parte de la propia Unión Europea. Ni siquiera aunque este suponiendo un ingente perjuicio a sus miembros.
Según la plataforma de economistas Tax Justice Network, esta estrategia provoca que cada año el grueso de los países europeos deje de ingresar unos 25.000 millones de euros en concepto de impuestos corporativos.
Evidentemente, hay perjudicados y beneficiados. Los paraísos fiscales que merodean en el seno de Europa, entre los que destacan como sospechosos habituales Luxemburgo, Holanda, Irlanda y, el todavía miembro, Reino Unido, son los lugares dónde “curiosamente” las multinacionales que operan en Europa fijan sus residencias europeas. Pongamos algunos ejemplos: Amazón en Luxemburgo, Nike en Holanda, pero podríamos continuar con Apple, Starbucks, Microsoft, Alfhabet, Airbnb, Pfizer, etc.
Así, mientras pymes y autónomos contribuyen con sus impuestos al desarrollo del país con tasas elevadas -igual ocurre con los trabajadores por cuenta ajena-, las grandes empresas reducen sus porcentajes de manera alarmante gracias a las bondadosas deducciones que para ellas fabrican los Sistemas Tributarios. Es una relación proporcional: cuanto mayor es la empresa y más ingresos tiene, menos contribuye. Volvamos a los ejemplos, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) los grupos consolidados solo tributaron en el periodo 2007-2016 al 6,37% sobre el beneficio contable por Sociedades, frente al 16,02% que pagaron las pymes, es decir, casi triplican su contribución, algo a todas luces injusto y falto de coherencia.
Circunscribiendo los datos a nuestro país, y de acuerdo con cifras que maneja el FMI del año 2019, los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea se llevaron el 80% de todo el dinero de las empresas que salió de España en busca de minimizar la carga fiscal. Si evaluamos lo que nos cuesta la permisividad europea respecto a esta situación el resultado es escandaloso, como lo es también observar que Holanda genera una pérdida de recursos al fisco español de 1.170 millones cada año, Luxemburgo de 800 millones e Irlanda de 550 millones. Sólo el fruto de la fuga de beneficios hacia estos tres países provoca en España la pérdida del 9,6% de la recaudación del impuesto de sociedades.
En este punto, no dudamos que aparecerán los expertos que nos indiquen que no necesariamente se trate de actos ilegales o de evasión de impuestos, así como tampoco de secreto bancario, pues oficialmente este no existe en el seno de la Unión Europea. Estos expertos apuntarán a que estos sistemas tributarios permiten prácticas financieras que logran que las multinacionales paguen menos, algo a lo que podemos denominar con el eufemismo que nos parezca más apropiado, pero que sin duda es un atraco al sistema tributario español, y a autónomos, pymes y trabajadores por cuenta ajena que deben sostener con su esfuerzo los recursos que otros evaden.
Holanda, país reacio a la mutualización de la deuda europea para financiar el plan de ayuda frente a la crisis actual, permite que los pagos de royalties de empresas residentes en su sistema tributario se realicen a paraísos fiscales en el extranjero, sin incurrir en impuestos de retención holandeses. Es el denominado sandwich holandés, una puerta trasera del sistema tributario de las grandes corporaciones en Europa.
Y no es, bajo esta estrategia, la única bajo la cual juegan a pagar menos impuestos allá donde operan estas empresas, sino que tienen un amplio menú dónde elegir. Desde Tax Justice Network nos ilustran con diversos ejemplos, como fijar las sedes de la propiedad intelectual de una marca en uno de estos lugares y luego cobrar a la subsidiaria de cada país miembro, haciendo que los beneficios de las filiales de estos países sean ridículos, o incluso que puedan ser deficitarias. O que la filial residenciada donde los impuestos son ridículos preste dinero a sus filiales con tales intereses que el dinero dice adiós al país donde se genera el beneficio.
En definitiva, no es que cuenten con una única vía de evasión, sino que tienen la fortuna de elegir, algo que los autónomos y pymes ni siquiera podemos imaginar.
Desgraciadamente este ejemplo de insolidaridad no sólo lo encontramos entre las multinacionales que se instalan en nuestro país, también las grandes empresas españolas juegan al juego de la evasión fiscal participando activamente. De hecho, según Intermon Oxfam, 805 filiales de empresas del Ibex 35 están en paraísos fiscales, destacando entre ellas Banco Santander, ACS, Repsol y Ferrovial.
Lamentablemente tanto la OCDE como la Unión Europea, llevan demasiados años jugando a ser ciegos en este ámbito. A pesar de que los sistemas tributarios europeos se han convertido en un queso gruyere infectado de agujeros por los que huyen los recursos que servirían para mejorar la financiación de nuestros países o para reducir la carga impositiva sobre pymes y autonomos, estas instituciones siguen mostrando incompetencia para afrontar un problema tan público y sonoro que cuenta con miles de páginas en los medios de comunicación y, lo que es alarmante, con pruebas flagrantes como las que han mostrado Falciani, Swisleaks, Lusleaks, Papeles de Panamá o Paradise Papers.
La pandemia actual ha mostrado sin ambages la necesidad de contar con un Estado con suficientes recursos, ya sea para salvar vidas mediante robustos sistemas sanitarios, para otorgar subsidios a los ciudadanos al objeto de que puedan superar una situación de crisis o para inyectar liquidez a las empresas y autónomos. En la coyuntura actual, los datos muestran que muy probablemente no necesitamos intensificar la carga impositiva, sino dotar de equidad y justicia al sistema, exigiendo que, aquellos que más se benefician en nuestra economía y más ingresos generan, contribuyan más. Sin cargas adicionales para ellos, pero, al menos, con las mismas que soportan los eslabones más débiles de la cadena, los autónomos.
Por el momento sólo podemos imaginar este paso. Esperemos, al menos, que los países europeos inicien el camino hacía el mismo limitando el acceso al dinero y licitaciones públicas de todas aquellas empresas que operan mediante paraísos fiscales, directa o indirectamente.
