El caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, es una página más del extenso libro de acciones indecorosas, ilegales o corruptas que jalonan la historia de nuestro país, y que se escriben por todos los rincones del Estado y en los distintos niveles gubernamentales.
Da igual, si se trata de un municipio, una diputación, una comunidad autónoma o el gobierno central, en todos los casos, son múltiples los ejemplos que encontramos en menos de medio siglo de democracia, por no bucear más allá de este período histórico.
No importa de qué contrato público se trate, ya sea comprar mascarillas para proteger a sanitarios y funcionarios públicos en el momento en que morían a diario 1000 personas diarias en nuestro país y la población civil en general se volcaba en ayudar, construir una línea de alta velocidad, la visita del Papa, expedientes de regulación de empleo, etc., siempre puede haber hueco para una mordida, una comisión o un pago en B.
Cuando hablamos de casos de corrupción en España, nos referimos a miles de causas, que suman cientos de miles de millones de fraude de las arcas públicas que han volado a manos de diversos personajes, a los que, sí ha sido preciso, se les ha ofrecido la posibilidad de blanquear su dinero mediante una amnistía fiscal de las que nuestra democracia ya ha conocido tres, y vaticino que ya estamos en distancia temporal suficiente desde la última, 2012, para que alguien vuelva a plantear una reedición de esta figura.
Lamentablemente somos una nación que no aprende o no quiere aprender de sus errores y una vez tras otra tropezamos en la misma piedra, sin que los efectos de esta ignominia tengan efecto alguno sobre los responsables, más allá de algunas condenas, generalmente amables. Igualmente, los responsables públicos que elegimos para liderar las instituciones y gobernar nuestras administraciones tienen más interés en proteger al partido que les pone en sus listas y su red clientelar, que a los millones de ciudadanos que con sus votos les ponen al mando.
Como autónomo que pago “religiosamente” mis impuestos y contribuyo a la sostenibilidad del Estado con mis impuestos resulta descorazonador ver cómo las administraciones públicas me excluyen de los contratos públicos y, por el contrario, abren sus puertas a pseudoempresarios para que hagan grandes negocios a costa de mis impuestos. Golfos que se enriquecen a costa de robar nuestros recursos, deteriorando nuestros servicios públicos, aunque algunos quieran reducir el calificativo al de pillos, hecho más grave aún cuando lo hacen personas que han sido responsables de gestionar los gobiernos de alguna administración pública.
Como autónomo y empresario, no quiero que se confunda a la sociedad, todos estos personajes que nos muestran como empresarios o emprendedores, no pueden considerarse como tal. En mi opinión, no son ni una cosa ni otra, únicamente son gente con una buena agenda de contactos que manejan transversalmente, ya sea a derechas, centro o izquierda, para conseguir recursos públicos. Lamentablemente, suelen encontrar responsables políticos que les dejan actuar con entusiasmo.
Si esta circunstancia no fuera ya grave por sí misma, lo es peor aún cuando se convierte en leitmotiv para alzar la bandera contra el pago de impuestos, como si el hecho de reducir estos fuera a relajar el problema en lugar de empeorarlo, pues si algo está claro, es que la solución para este grave problema de nuestra sociedad pasa por un camino diametralmente opuesto, como es elevar las sanciones y responsabilidades tanto de los responsables públicos inmersos en tramas de corrupción, así como de los beneficiarios,e incrementar las inspecciones y el control de todos los contratos públicos.
Mientras esto no suceda, continuaremos teniendo golfos y ladrones de diferente pelaje y condición que utilizaran su agenda de contactos para aprovecharse de cualquier político incauto o corrupto y acceder a un contrato público sin oposición en el mejor de los casos, o en el peor, saquear las arcas públicas para obtener pingües beneficios.
