Las empresas más pequeñas fueron las más duramente golpeadas en la anterior crisis.

Fueron ellas las que mayormente pagaron los desmanes de la grave crisis financiera provocada por el sector bancario y las entidades financieras, alimentada por la desregulación y la falta de control del mercado financiero.

 

Ellas sufrieron en sus carnes la falta de crédito o el incremento de costes para tener acceso al mismo, los recortes, así como la descapitalización de atender despidos, reestructuraciones, etc.

Poco tiempo después, vuelven a ser ellas, las empresas de tamaño más reducido, las que sufren en mayor medida el impacto de la actual crisis derivada del COVID. En esta ocasión, el impacto es prioritario sobre algunos sectores, en especial sobre hostelería  o comercio, los cuales están mayoritariamente formados por pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Desde el pasado mes de marzo, el comercio y la hostelería han sufrido restricciones de apertura y aforo, y han tenido que afrontar inversiones para acondicionar su actividad a la crisis sanitaria que sufrimos y gastar en material fungible e higienizante, y todo ello sin contar con medidas especiales para ello ni ayudas de ningún tipo.

Ambas crisis han mostrado con nitidez la desgracia de ser pequeño.

En la anterior crisis, el sector bancario rápidamente encontró el acuerdo de administraciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, para acudir a su rescate sin importar el coste y los recortes que eso iba a producir en el conjunto de la sociedad. La banca era “sistémica” y había que rescatarla mientras pequeñas empresas quebraban sin tener ningún tipo de red.

Mientras grandes empresas y banca contaban con un plan auspiciado desde las administraciones para ser rescatadas, contar con planes específicos o impulsar un proceso de concentración con el objetivo de salvaguardar esos sectores, los pequeños sufrían un goteo incesante de defunciones. Nadie aceleró para contar rápidamente con una ley concursal mas condescendiente con los pequeños deudores o una Ley de segunda oportunidad que evitara la ruina perpetua de pequeños empresarios y autónomos. Cuando estas medidas llegaron, casi una década después del estallido de la crisis, apenas quedaban empresas que salvar, pues las que tuvieron dificultades ya habían quebrado y las que no, ya habían encontrado un nuevo rumbo.

Cualquier observador de las “prisas” por atender las dificultades de PYMES y autónomos podría determinar que pareció más una estrategia que una consecuencia inesperada.

En la crisis actual derivada del coronavirus, los más pequeños vuelven a estar a la intemperie y encima sufriendo duras medidas de cierre o control de aforo y horario. Incluso sufren medidas irracionales en solitario, por ejemplo mientras el pequeño comercio especializado que no es de primera necesidad es obligado a sufrir limitaciones, los hipermercados pueden continuar, inexplicablemente, vendiendo esos productos que no son de “primera necesidad”.

No hay nada como ser grande para contar con ayudas especiales en tiempos de crisis, sean directas o indirectas, ser rescatado o contar con trajes a medida, como ha sucedido con la banca, autopistas o la industria automovilística por ejemplo. Pero no sólo en tiempos de crisis, en cualquier momento ser grande abre posibilidades desconocidas para los más pequeños.

Los ejemplos son tan evidentes que con sólo rascar levemente en la hemeroteca se pueden encontrar centenares de pistas.

El ejemplo de Castor con quien el Gobierno se comprometió a entregar 1.350 millones de euros por real decreto en "el plazo máximo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor", por su fallida empresa que ocasionaba seísmos frente a las costas de Castellón, quizás sea el culmen, pero no es el único. ALCOA con 700 empleados recibió 1.000 millones de euros en ayudas en  sólo 10 años, cosa que supimos por los medios cuando sus propietarios americanos anunciaron su intención de cerrar. No es muy difícil calcular que se subvencionó con casi 1’5 millones por empleado, casi 150.000 € empleado/año.

Los ejemplos de empresas que reciben decenas o centenares de millones de euros, muchas veces de de manera recurrente ya sean del Estado o las Comunidades Autónomas, o de ambas, no son pocos, Airbus, Abengoa, Cemex, Daewoo, Uminsa, Endesa, Renault, Siro, Gullón, Vestas, Loxin, General Electric, Telefónica, Iveco, Peugeot, Campofrio, Cosentino, Isofoton, Iberdrola…, la lista es interminable, a lo que muchas veces se suman exenciones diversas.

Pero es que además hay modelos y experiencias variadas. Un ejemplo similar, pero distinto, son las apuestas de Parque Warner, Terra Mítica o Isla Mágica,…, verdaderos pozos de dinero público que han de ser enjugados año tras año, compensando pérdidas con subvenciones, sin estimar las infraestructura construidas específicamente para este tipo de proyectos.

Otro modelo es desarrollar unas ayudas públicas diseñadas casi ex-profeso para un grupo de empresas, incluso saltándose la Ley. Un ejemplo de esto pueden ser las ayudas públicas que el Gobierno español concedió a algunas grandes empresas para facilitar que compraran firmas en el extranjero, que primero la Comisión Europea y después el Tribunal de Luxemburgo confirmaron que eran ilegales y contrarias al derecho comunitario desestimando los recursos presentados. En esta jugada estaban, por ejemplo, Banco Santander, Prosegur, Word Dutty Free (antes Autogrill S.A.), Axa Mediterranean Holding y Sigma Alimentos Exterior, y el montante ascendió según los cálculos de la propia Comisión Europea a 8.000 millones.

El hecho de ser grande o prometer una gran inversión otorga ventajas, tantas que se puede pedir dinero o condiciones especiales sin ruborizarse. Un caso paradigmático, a pesar de frustrarse finalmente, fue Eurovegas, el proyecto de casinos que Sheldon Adelson quería traer a España, y que abandonó por solicitud de JP Morgan. En estas ocasiones la estrategia parece estar definida y enmarcada en un gran e impactante proyecto de comunicación que haga que los medios y la opinión pública empujen a los gobiernos a competir por alojar el proyecto entregando las exenciones, terrenos y ayudas que sean necesarias. Esa estrategia infla la inversión, los puestos de trabajo directos e indirectos previstos o el impacto económico con el objetivo de generar mayor atracción y si, llegado el caso, se consolida, asegurar que el montante de ayudas y exenciones limitará radicalmente la necesidad de inversión real de los promotores.

Un caso similar lo encontramos en el deporte, que utiliza una estrategia similar para competir por alojar unos Juegos Olímpicos o unos mundiales de fútbol, y no quiero entrar en los diversos casos de corrupción descubiertos. El saldo de este tipo de proyectos suele ser deficitario, a veces de números astronómicos, lo que provoca que sus defensores hablen de los intangibles que deja un evento deportivo de este tipo en la ciudad o país de acogida.

En palabras de Robert Reich, el que fuera ministro de Trabajo de EE UU con Bill Clinton, incluidas en su libro El Trabajo de las Naciones: “Los políticos que gestionan los estados, las ciudades y las naciones compiten entre sí por captar grandes inversiones, especialmente en momentos de recesión económica. La posibilidad de una nueva fábrica en la región desata una feroz competencia (…) y una serie de apasionadas rondas de negociación (…) que deriva en una carrera por ofrecer las mejores condiciones (y las mayores subvenciones)”.

Tras analizar una gran variedad de casos, el autor perfila las pautas comunes de esos inmensos proyectos e inversiones, que suelen estar ocultas tras una gran opacidad, escondiendo los verdaderos detalles de los proyectos, que sólo ven la luz cuando algún perjudicado acude a los Tribunales o surge algún escándalo destapado por los medios de comunicación, como ocurrió en el País Vasco dónde se instaló Daewoo en 1997. Cuando las subvenciones a Daewoo fueron declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Luxemburgo 14 años después, en contestación a una demanda presentada por los fabricantes de electrodomésticos competidores (Siemens y Electrolux), la respuesta de la empresa fue cerrar la misma.

No niego la posibilidad de que los Estados o las administraciones regionales puedan subvencionar ciertos proyectos en sus territorios o proyectos de interés general. El caso más evidente y cercano, es la inversión pública en la investigación científica de las diversas vacunas del coronavirus. En este caso la propia BBC ha publicado datos acerca de la gran aportación pública a las diferentes investigaciones.

Pero sin negar esta posibilidad, sí cuestiono la posición del Estado en casos como el de Castor, proyectos e inversiones aseguradas que no son, en realidad una “aventura” empresarial sino estatal, pero cuyos beneficios serán privados. Igualmente, es cuestionable que las administraciones públicas utilicen el dinero de todos en proyectos sin exigir unos requisitos temporales, de generación de riqueza y/o empleo permitiendo a los inversores irse de rositas sin que quepa la posibilidad de devolver la inversión al Estado. Del mismo modo carece de sentido que el Estado realice fuertes inversiones en empresas o incluso las rescate, sin que el mismo pueda actuar o beneficiarse de esa inversión.

En mi opinión, además, cabe preguntarse si resulta moral o ético que aquellas empresas que más contribuyen, las pequeñas y medianas y los autónomos, que son quienes soportan una carga impositiva mayor, sean las grandes olvidadas en coyunturas especiales como la actual.

Son ellas, las que pueden caer más fácilmente, las que están a la cola en la atención de las administraciones mientras las grandes reciben tratamientos específicos.

El gobierno acaba de aprobar un Plan para ayudar a estos sectores, hostelería, comercio y turismo, poblados por pequeñas empresas  cuyo importe estimado es de 4,220 millones de euros. No niego que el gobierno no haya desarrollado medidas desde el mes de marzo, ya sea con mayor o menor éxito, y que este plan no sea positivo, pero sin duda con menor intensidad y decisión que cuando se trata de grandes empresas o ciertos sectores. Sin ir más lejos este verano el sector automovilístico ha recibido un plan de 3.750 millones de euros para salvar el sector ante el impacto del coronavirus, y todos sabemos que no será el último.

La gran atomización de pequeñas empresas y autónomos de comercio, hostelería y turismo quizás dificulte hacer un traje a medida, pero coincidiremos en que reducir la tributación por módulos, aplazar unos meses el pago de impuestos y cotizaciones o la rebaja de alquileres para aquellos cuyo arrendador sea un gran tenedor no van a producir demasiados alivios entre las empresas más pequeñas y los autónomos. Es cierto que se abre una nueva línea ICO para ellos, y que los pequeños arrendadores pueden utilizar como deducción de IRPF la rebaja que apliquen en el precio de alquiler, pero no parece este un estímulo suficiente para que se dé una rebaja notable de los alquileres del pequeño comercio, bares y restaurantes.

No digo que sea fácil, pero un poco más ambicioso parece que podría haber sido, e incluso coincidir en que para este plan quizás no hacía falta esperar tanto tiempo y haber necesitado la desaparición de tantas pequeñas actividades.

También caben algunas preguntas, ¿hasta cuando están los pequeños y medianos dispuestos a soportar este trato desigual?, ¿cuándo van a exigir una igualdad de trato sino, como marcan diversas recomendaciones desde Europa, un trato favorable para todo ese tejido empresarial de autónomos, pequeñas y medianas empresas que son las que vertebran España?, ¿cómo se puede explicar que aquellos que impulsan el desarrollo de los territorios, en especial de esa España olvidada llamada España vaciada, los que generan empleo y riqueza a lo largo y ancho del país sean los que carguen con los tipos impositivos más altos?

Hay quienes han afirmado desde el inicio de esta crisis que nos hará mejores. Sinceramente desconozco si nos hará mejores, pero quizás sí nos debería hacer más exigentes con las administraciones y cargos públicos, con la forma de administrar los recursos públicos, con la forma de pedir responsabilidades y, sobre todo, exigir que no se maltrate al pequeño por el hecho de serlo.