Ejercer la abogacía en España es, desde hace demasiado tiempo, un ejercicio de resistencia. No solo frente a la sobrecarga de trabajo, la presión constante y la responsabilidad extrema que implica defender derechos ajenos, sino también frente a un sistema que ha mantenido a miles de abogados en una situación de desigualdad e incertidumbre respecto a su futuro profesional y a sus pensiones.
La pasarela al RETA nunca ha sido un privilegio. Ha sido —y sigue siendo— una reclamación legítima frente a una anomalía histórica: abogados que han sostenido durante décadas el sistema de justicia y que, llegado el momento de la jubilación, se han encontrado con un marco de protección claramente insuficiente.
Durante años, esta realidad ha sido ignorada. Se nos ha exigido excelencia, disponibilidad absoluta y responsabilidad sin límites, mientras se posponía una solución justa en materia de previsión social. Esa contradicción ha tenido un coste humano y profesional que no puede ni debe ocultarse.
La pasarela al RETA se ha convertido así en un símbolo de dignidad profesional. Cada retraso y cada bloqueo han incrementado la angustia de miles de compañeros que veían cómo el tiempo pasaba sin respuestas. Sin embargo, hoy es justo reconocer que esta situación empieza a cambiar. Finalmente, el Gobierno está dando los pasos necesarios para avanzar hacia una solución que permita saldar esta deuda histórica con la abogacía.
Este avance no borra el daño acumulado, pero abre una vía imprescindible. Es el resultado de años de presión, de movilización y de una reivindicación sostenida que no se ha apagado pese al desgaste.
La realidad diaria de la abogacía sigue siendo dura. Jornadas interminables, plazos inamovibles, decisiones que afectan de manera directa a la vida de las personas y una presión constante que no concede tregua. A todo ello se ha sumado durante demasiado tiempo la incertidumbre sobre el futuro económico, generando un desgaste emocional profundo.
El burnout no es una exageración ni una moda: es una consecuencia directa de un sistema que ha exigido mucho y ha protegido poco. La inseguridad sobre la jubilación ha sido un factor clave en este agotamiento silencioso que recorre el sector jurídico.
Por eso, aunque el Gobierno haya iniciado el camino correcto, la abogacía no puede bajar la guardia. Los pasos dados deben traducirse en soluciones reales, eficaces y justas, que garanticen pensiones dignas y condiciones equiparables a las del resto de profesionales autónomos. No basta con anunciar avances: es imprescindible culminarlos.
Mientras tanto, la abogacía sigue sosteniendo el sistema de justicia. Lo hace trabajando, defendiendo derechos fundamentales y, al mismo tiempo, participando en movilizaciones y acciones reivindicativas que han sido necesarias para llegar hasta aquí. Esta doble carga tiene un coste emocional que no puede ignorarse.
Hablar de salud mental en este contexto es una obligación. La presión profesional unida a la incertidumbre vital ha llevado a muchos abogados al límite. Cuidar el bienestar emocional no es incompatible con la lucha; al contrario, es lo que permite mantenerla con firmeza y claridad.
La pasarela al RETA no es solo una solución técnica: es una reparación. Representa el reconocimiento de una injusticia prolongada y la posibilidad real de avanzar hacia un modelo más justo y sostenible para la abogacía.
Hoy podemos decir que el camino se ha iniciado. Ahora corresponde al Gobierno culminarlo sin dilaciones ni retrocesos. La deuda es grande, el tiempo perdido también. La abogacía ha cumplido con creces. Es el momento de que el Estado haga lo propio.
Porque sin abogados protegidos no hay justicia fuerte. Y porque saldar esta deuda no es una concesión: es justicia.
Nuria Martín Sebastián. Abogada civilista. Afectada por la mutualidad.