En estos tiempos líquidos, como denominaba el sociólogo y filósofo,  Premio Príncipe de Asturias Zygmunt Bauman a la sociedad contemporánea, en los que la volatilidad y los cambios se producen a velocidades de vértigo, en especial por la rapidez con la que se transfiera la información, pero también por el fuerte impacto, que sucesos inesperados, como la pandemia o incluso la invasión de Ucrania por parte de Rusia, debemos comenzar a discriminar, de una vez por todas, las opiniones y argumentos de charlatanes y pseudoexpertos de aquellos que efectivamente se juegan la piel.

Los autónomos estamos hartos de encontrar tertulianos y expertos variados que, atendiendo supuestamente, a nuestros intereses hacen seguidismo de las opiniones vertidas por ejecutivos corporativos, banqueros, magnates, etc, gente que no se juega la piel y que tiene bien atado su futuro de una manera o de otra.

En nuestra sociedad existe una amplia variedad de personas que tienen algo que perder y deben arriesgarse, y entre ellos sin duda estamos los autónomos.

Mientras, otros miembros de la sociedad viven separados de las consecuencias de sus actos.

Por ello es fácil observar a representantes políticos de todos los niveles y colores en nuestro país tomar decisiones, lanzar soflamas o comprometer gasto sin que sus actos les supongan efecto alguno en sus vidas personales presentes y futuras. Incluso  se dan casos en los que sus decisiones provocan daños entre sus subordinados pero no para ellos.

Los emprendedores somos aquellos que nos jugamos nuestro capital, arriesgamos nuestro patrimonio en pos de una idea o para proveernos de un medio de vida. Sin embargo,  muchos medios de comunicación acostumbran a llamar emprendedores o empresarios a aquellos que administran el patrimonio de otros o que utilizan capital financiero para desarrollar una idea con el único objetivo de venderla al mejor postor. Algo que a mí me gusta llamar, gestación subrogada de empresas.

Hasta tal punto esta interiorizada esta situación que ni siquiera aquellos que nos jugamos la piel, nos escandalizamos de ver y escuchar a aquellos que dicen hablar en nuestro nombre.

Resulta paradójico que aquellas entidades que afirman defender los intereses de los autónomos,  y a los que el Estado y las Comunidades autónomas reconocen como tal, estén íntimamente relacionadas con estructuras que nada tienen que ver con los trabajadores autónomos, y es que ni los Sindicatos ni la Patronal tienen las reclamaciones de los trabajadores autónomos entre sus intereses prioritarios, lo que no es óbice para que efectivamente sean ellos los que estén prestando su voz a nuestro colectivo en las conversaciones con los sucesivos gobiernos.

Tal y como expresaba en el artículo anterior nada más lejos de mi intención que restar valor e importancia al papel que estas u otras instituciones pueden y deben jugar en el diálogo social con las administraciones públicas. Ahora bien, es de justicia expresar la certeza de que esas instituciones no pueden representar en modo alguno a un colectivo de trabajadores autónomos, menos aún cuando ni siquiera van a sufrir los efectos de esa representación, ya que cualquier decisión que tomen no sólo no les va afectar lo más mínimo en lo personal, sino que tampoco va a tener efecto alguno en su responsabilidad si su decisión ha sido errada.

No cabe ninguna duda que la presión que el precio de las energías está insuflando a la sostenibilidad y viabilidad de multitud de autónomos y PYMEs es feroz.

Da lo mismos si se trata de un establecimiento hostelero donde la factura de la luz ha crecido exponencialmente, si se trata de un transportista al que el precio del combustible le ha crecido casi un 50%, de un ganadero al que los precios de los piensos también le crecen con rapidez y al que se le suman el precio de el resto de energías, circunstancia que también sucede a los agricultores y muchos otros autónomos y pymes.

El resultado de esta escalada imparable de la energía es que todas las actividades económicas están sufriendo de manera importante sus efectos, y lo que es peor, todo apunta a que en los próximos meses esta tensión inflacionista, provocada por los precios de los combustibles y la energía, que está reduciendo el poder adquisitivo de las familias se va a notar en la demanda que se va a ver reducida, lo que producirá otra vuelta de tuerca en las cuentas de explotación de autónomos y pymes.

Nuevamente, son las empresas y actividades de menor dimensión las que están sufriendo, y tienen perspectivas de sufrir, con mayor intensidad los efectos del impacto de una nueva crisis.

Ya sea una crisis financiera provocada por la banca y sus laxos controles, un cisne negro como la pandemia del COVID o los efectos de la escalada de precios de las energías, lo cierto y verdad que a muchas pequeñas empresas y autónomos se les está poniendo contra las cuerdas.

Es en estos momentos donde afloran las ineficacias del pasado. La ineficacia de no contar con un sólido sistema de aprovisionamiento energético, que si bien es dependiente inexcusablemente en lo que respecta a petróleo y gas, no tienen por qué serlo en lo que respecta a la generación de luz, menos aún en un país donde contamos con la posibilidad de aprovechar en un mayor  grado las energías renovables, circunstancia muy complicada de ejecutar si las grandes empresas y lobbies del sector imponen impuestos al sol, por ejemplo.

Si algo ha quedado demostrado en los más de 20 años de siglo XXI es que ni los distintos gobiernos, ni las entidades representativas de estos sectores han sabido encontrar respuestas y alternativas, y que una crisis tras otra las empresas de menor dimensión y autónomos hemos ido sufriendo con dureza sus efectos.

Ante esta situación hoy observamos un gran malestar e incertidumbre, así como una crisis de representatividad donde observamos que se manifiestan en las calles sectores y empresas que no cuentan con representantes en las mesas de negociación con los diferentes gobiernos, lo que plantea un reto para resolver los sucesivos conflictos que se vienen produciendo.

Nada más lejos de mi intención que restar valor e importancia al papel que unas u otras entidades pueden y deben jugar en el dialogo social con las administraciones públicas, ahora bien es de justicia expresar la certeza de que algunas de esas instituciones no pueden representar en modo alguno a un colectivo de trabajadores autónomos, menos aún cuando ni siquiera van a sufrir los efectos de esa representación, ya que cualquier decisión que tomen no sólo no les va afectar lo más mínimo en lo personal, sino que tampoco va a tener efecto alguno en su responsabilidad si su decisión ha sido errada.

Lamentablemente, la atomización de estos colectivos, su dispersión, el bajo nivel de asociacionismo (que también produce efectos negativos en lo que respecta al peso de intermediarios) y el bajo interés que desde hace décadas han tenido tanto gobiernos autonómicos como nacionales por vertebrar estos colectivos ante el miedo de que se volvieran en su contra, prefiriendo mantener el status quo de ciertas organizaciones han devenido en el maremagnum actual en el que va a ser complejo encontrar soluciones a menos que estas vengan desde el exterior y su impacto sea sensible para autónomos, empresas y el conjunto de la sociedad.

Espero que esta coyuntura mejore con rapidez, por el bien propio, por la propia vida de aquellos que están sufriendo una guerra en Europa y por el bienestar para todos, pues de lo contrario vamos a tener unos meses que van a dejar a muchos por el camino y cuyos efectos podremos sentir durante años.

Espero también que todos hayamos aprendido la lección,  aunque lo dudo, tanto para promover y tejer una Política De Estado conjunta (transversal entre partidos políticos e integradora de gobiernos regionales y nacional) en lo que respecta a la energía y combustibles,  como para atender a la necesidad de contar con representantes verdaderos para ciertos  colectivos y no con grandes siglas que no representan la realidad de estos colectivos, responsabilidad ésta tanto de las administraciones como de los propios afectados.