Red Autónomos

El modelo impositivo actual es injusto con las pequeñas y medianas empresas. La ingeniería tributaria, las deducciones fiscales y los ajustes contables de empresas internacionalizadas hacen que la media del tipo efectivo que pagan las grandes empresas se encuentre muy por debajo de lo que pagan las pymes .  Estas desigualdades fiscales, que afectan al conjunto de la sociedad, entorpecen enormemente la competitividad de autónomos y pymes.

El actual sistema de cotizaciones resulta ineficaz e injusto. Hay quienes apenas cubren sus cotizaciones con sus ingresos y gente con grandes ingresos que cotiza por el mínimo. Creemos que la cotización por ingresos reales ayudaría al mantenimiento del sistema público, al tiempo que aliviaría la carga de las autónomas con bajos ingresos.

Las autónomas y autónomos necesitamos acceso a financiación ágil y de precio asequible, que no nos obligue a hipotecar el patrimonio personal para acceder al crédito. En este sentido, las administraciones públicas deberían involucrarse más en el proceso de financiación de los y las autónomas, para contrarrestar el poco poder de negociación que tenemos ante las entidades financieras.

La Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad establece un plazo de pago de 30 días para las administraciones públicas y de 60 para las empresas privadas. En el último año, el plazo medio de pago de las administraciones públicas ha sido de 85 días y el de las empresas del IBEX de 169 días .
Las autónomas, autónomos y pymes somos el mayor perjudicado de la morosidad: financiamos a las grandes empresas y pagamos el IVA de facturas no cobradas, a costa de poner en peligro la supervivencia de nuestros pequeños negocios.

Las autónomas y autónomos, a diferencia de las sociedades de capital, arriesgan su patrimonio personal al emprender, hipotecando su futuro y, muchas veces, el de sus familias. Merecemos un mejor trato cuando nuestros proyectos no consiguen salir adelante.

La Administración Pública realiza al año compras por valor de 130.000 millones de euros; es decir, el 13% del PIB español; pero apenas un 25% de estos contratos recaen directamente en autónomas, autónomos o pequeñas empresas. No obstante, las grandes empresas acaparan la adjudicación de contratos para, en muchos casos, acabar subcontratando autónomas, autónomos y pymes para su realización.

1. Crédito público de fácil acceso y coste reducido.    
   
2. Crédito ICO gestionado por entidades públicas y no privadas.
   
3. Situar la financiación a autónomas, autónomos y pymes como un eje prioritario en los diversos sistemas de financiación oficial.
   
4. Mecanismos ágiles y eficaces para no adelantar el IVA de facturas no cobradas.
   
5. Introducir elementos deducibles para alcanzar umbrales de pago similares a la gran empresa (por ejemplo, deducciones por digitalización de la empresa).
   
6. Introducir medidas que faciliten la justificación de gastos como dietas, locomoción, uso de vehículo personal, gastos del hogar derivados de la actividad,  etc.
   
7. Hacer efectiva la limitación de Impago a 60 días (30 de la administración), incluyendo un régimen sancionador en la Ley de morosidad.
   
8. Intervención de la Agencia Tributaria para recuperar el IVA de facturas no cobradas de terceros.
   
9. Cotización según ingresos reales.
   
10. Suspensión/bonificación de la cotización en los casos de permisos y licencias previstos en Estatuto de los Trabajadores para el Régimen General.
    
11. Que la deuda pública (facturas no pagadas por cualquier administración pública) pueda funcionar como aval o ser vendidas a un banco público (Bankia) sin intereses, si ha vencido el plazo de pago a proveedores.
    
12. Acceso a prestación por desempleo en condiciones similares a los trabajadores por cuenta ajena.
    
13. Crear una figura administrativa que evalúe el acceso a la prestación por desempleo desligándola de las mutuas o flexibilizando el acceso.
    
14. Flexibilizar requisitos para acceder a la condonación de deudas de los autónomos deudores de buena fe, tanto en procedimiento judiciales como respecto a las administraciones públicas (Hacienda y Seguridad Social).
    
15. Procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos.
    
16. Limitar la responsabilidad fijando el límite en los bienes personales imprescindibles para posibilitar una vida digna de la familia y el autónomo que ha fracasado en su actividad.
    
17. Facilitar el acceso de autónomas, autónomos, micropymes y pequeña empresa a la contratación pública.
    
18. Mayor control de la subcontratación de obras y servicios en la contratación pública.
    
19. Priorizar cercanía (empresa local) en la contratación pública.

Las autónomas y autónomos se jubilan menos (por no cumplir los requisitos), más tarde (tienen más difícil el acceso a la jubilación anticipada) y sus pensiones son notablemente menores que las de los trabajadores del Régimen General.

Autónomas, autónomos y pymes generan y mantienen casi el 70% del empleo en España. En los núcleos urbanos, dinamizan la ciudad, aportan seguridad a los barrios y potencian la creación de redes ciudadanas y la convivencia social. En los núcleos rurales, son los principales agentes económicos de creación de empleo y riqueza, además de ser elemento esencial para fijar población. Sin embargo, han sido desplazados del centro de atención política y mediática, por lobbies que solo representan a las grandes empresas.

Creemos que hay una burbuja del emprendimiento causada por la falta de empleo y por la precarización de las condiciones laborales (falsos autónomos). Se debe promover un emprendimiento sostenible que cuente con alternativas reales y viables.

Estamos contra la desigualdad en todos sus términos y por la defensa de los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de la mujer.

El cuidado del entorno, la sostenibilidad, el uso de energías limpias, etc.; representan, no solo un compromiso responsable con el planeta, sino una apuesta por el futuro de nuestras regiones y el desarrollo económico de nuestra sociedad.

El 90% de la población del país se concentra en tan solo un 30% del territorio. La falta de recursos y oportunidades en el medio rural es la principal causa de la despoblación rural. La solución pasa por incentivar el emprendimiento rural, dotándolo de las infraestructuras necesarias.

La inclusión de los accidentes laborales de las autónomas y autónomos en las estadísticas de accidentes laborales desde principios de año, ha puesto de manifiesto la precariedad en que se desarrolla el trabajo de muchos autónomos, debido al destacable número de fallecidos.
Es necesaria la implicación de la administración en el desarrollo e implementación de la prevención de riesgos laborales entre el colectivo, así como impulsar medidas para reducir la precariedad en el empleo de los mismos.

Queremos que las autónomas y los autónomos puedan decidir cuál es la formación qué necesitan y poder acceder a ella de forma gratuita.

1. Contabilizar el periodo de cálculo para la jubilación a elección de la autónoma/autónomo sin que los mismos deban ser ni los últimos ni consecutivos.
   
2. Ponderar al alza los años cotizados en el régimen de autónomo por la generación de riqueza y empleo en la sociedad.
   
3. Nuevas medidas para compatibilizar la actividad con la jubilación.
   
4. Acabar con las puertas giratorias para evitar la legislación pro-lobbies.
   
5. Acabar con los incentivos para grandes empresas y grandes superficies.
   
6. Plan de incentivación del emprendimiento rural, así como para la fijación de pymes en el entorno rural que ayuden a generar un tejido que impulse el emprendimiento rural.
   
7. Asegurar el acceso a internet (cobertura) en todas las zonas rurales.
   
8. Crear convenios de prácticas con empresas rurales para los ciclos formativos y formación universitaria.
   
9. Bonificación a la contratación del primer trabajador de cualquier autónomo.
   
10. Implementación de una parte proporcional a su peso en la actividad económica de acciones y medidas desde las administraciones para  impulso de la actividad de los autónomos. Y las pequeñas empresas.
    
11. Erradicar la figura del falso autónomo, así como implementar un control exhaustivo de los nichos que generan y promueven esta figura (economía digital, economía colaborativa, etc.).
    
12. Promover el asesoramiento para nuevos emprendedores desde el SEPE o en colaboración con las asociaciones de autónomos, con el fin de mejorar las tasas de éxito.
    
13. Igualdad de derechos sociales entre trabajadoras autónomas y trabajadoras del RG.
    
14. Implementación de medidas que faciliten la conciliación laboral entre el colectivo autónomo.
    
15. Bonificaciones en las cotizaciones para colectivos prioritarios (discapacidad, exclusión social, victimas de violencia de género, etc.)
    
16. Ventajas fiscales similares a las de la insularidad o Ceuta y Melilla para autónomas y pymes situadas en zonas despobladas.
    
17. Mayor regularización en los modelos de agricultura y ganadería industrial, pues entorpecen otros modelos de negocio, expulsan a la pequeña empresa del mercado, contaminan y no generan empleo.
    
18. Desarrollar programas formativos específicos para conocer los riesgos de no atender la prevención de riesgos en el trabajo autónomo, así como explicar medidas de seguridad y buenas prácticas.
    
19. Ayudas específicas para facilitar la integración de medidas de prevención entre las trabajadoras autónomas y los trabajadores autónomos.
    
20. Regular la responsabilidad de las empresas que subcontratan en la vigilancia de la seguridad sobre las empresas que ejecutan los trabajos o servicios a su cargo.
    
21. Tener capacidad para decidir qué formación se imparte en los programas de formación en oferta.
    
22. Poder acceder, al igual que los trabajadores del RG, a las bonificaciones para la formación en demanda o los permisos individuales de formación.

El modelo de representatividad está pendiente desde la publicación del Estatuto del Trabajo Autónomo. Los diversos gobiernos no han encontrado una fórmula objetiva y justa de expresar la representatividad de las asociaciones. El sistema “un autónomo, un voto”, ha de ser la prioridad a la hora de elegir a nuestras representantes y portavoces en el diálogo social.

La economía real o productiva es la que más empleo genera y la que produce mejor redistribución de la riqueza, a pesar de ello, se premia fiscalmente y legislativamente a la economía especulativa.

Los intereses de las autónomas, los autónomos, las microempresas y las pymes no solo no son los mismos  que los de las grandes empresas, sino que muchas veces chocan frontalmente. Defender al pequeño tejido empresarial de un país frente a las multinacionales, los fondos buitre, los tratados de libre comercio internacional, los paraísos fiscales, etc., debería ser una cuestión prioritaria para la defensa de nuestra economía.

La legislación es siempre lenta en la adaptación de los cambios que sufre la sociedad. La crisis económica evidenció mucho más esta realidad, dándose casos, por ejemplo, de negocios que querían compartir local y que no pudieron hacerlo por una anticuada legislación local.

1. Que sean los autónomos los que elijan de forma directa cuáles son sus organizaciones representativas.
   
2. Fiscalizar las actividades de economía especulativa hasta equiparar a los niveles de la economía productiva.
   
3. Actuar contra los paraísos fiscales.
   
4. Luchar contra la ingeniería fiscal que expatria capitales eludiendo impuestos.
   
5. Rechazar acuerdos internacionales que resulten nocivos para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país (TTiP, CETA, TISA, etc.).