En un entorno cada vez más competitivo, la información y los datos que manejan las empresas tiene un valor muy alto, por eso se ha vuelto imprescindible su protección. Desde el ámbito legal se quiere contribuir a ello a través de la Ley de Secretos Empresariales.
La nueva Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, está en vigor desde el 13 de marzo de 2019 y es resultado de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Comunitaria 201/943, que busca proteger y garantizar a nivel europeo la competitividad de aquellas empresas cuyo principal valor es su “know how” o “saber hacer”.
Supone toda una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, ya que hasta ese momento no había una única norma que regulara esta cuestión, por lo que ahora se refuerza la protección para la información y el conocimiento empresariales.
¿Cuál es su objetivo?
Lo que busca esta norma es proteger los secretos empresariales, entendiendo como tales todo tipo de información o conocimiento (tecnológico, científico, industrial, comercial, financiero u organizativo) que tenga valor estratégico y que haya sido objeto de medidas razonables de protección por parte de su titular para mantenerlo en secreto.
Esto implica que son las propias empresas las que deben llevar a cabo las acciones necesarias para constituir y proteger el secreto, adoptando para ello las medidas de seguridad que consideren razonables.
Hay que tener en cuenta que el secreto profesional es transmisible y se puede ceder a terceros a través de licencias, pero el tercero que posee la licencia tiene la misma obligación de guardar el secreto profesional que el titular original.
¿Qué tipo de protección ofrece la norma?
Lo que garantiza la norma es que se sancionarán las divulgaciones de información llevadas a cabo por personas que estaban autorizadas a acceder a ella pero no para transmitirla a terceros, así como el espionaje industrial, es decir, el acceso no autorizado a la información.
Protección también en el ámbito judicial
Para garantizar todavía más el secreto empresarial, si se inician acciones legales por infracciones se limitará el personal del juzgado que tendrá derecho de acceso a las pruebas e incluso a las vistas en Juzgados. Además, el titular puede solicitar la adopción de diferentes medidas cautelares para conseguir una mejor tutela de su derecho.
Entre las acciones civiles que se pueden llevar a cabo se pueden plantear la declaración de violación de secreto empresarial, la aprehensión de las mercancías infractoras o la cesación o prohibición de los actos de violación de secreto empresarial. Y, por supuesto, el agraviado puede pedir una indemnización por daños y perjuicios que incluya el lucro cesante.
Una legislación con efectos muy favorables
Uno de los aspectos más positivos de esta ley es que al proteger mejor el secreto empresarial aumenta la confianza de los inversores y favorece la inversión asociada al campo de la generación de conocimiento, lo que beneficia directamente a empresas y organismos que trabajan en el campo de la investigación.
Además, la violación de secretos se sigue considerando en nuestro ordenamiento jurídico como un acto de competencia desleal que queda protegido por la Ley de Competencia Desleal. Esto implica que ahora la protección es doble.
