¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

La existencia de una Ley de Segunda Oportunidad es una realidad desde hace décadas tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, permitiendo a particulares, profesionales, y autónomos poder empezar desde cero si en algún momento han acumulado demasiadas deudas y no las han podido pagar, o tienen previsión de no poder hacer frente a ellas.

Durante años, los colectivos de autónomos y también las asociaciones en defensa de los consumidores y usuarios reclamaron la creación de un sistema de este tipo en nuestro ordenamiento jurídico, equiparable al que existía para las sociedades mercantiles desde el año 2003. Esta pretensión se materializó con la puesta en marcha de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismos de Segunda Oportunidad, y actualmente, ha sido implementada con la publicación Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, mediante la cual se han introducido elementos que beneficiarán al deudor insolvente.

Lo que tenemos, pues ahora, es un procedimiento que permite proteger los intereses de los deudores no societarios (y ahora también tenemos disponible por Ley un proceso especial similar para proteger también de forma rápida y flexible a los autónomos societarios y microempresas) en unas condiciones  similares de las que ya disponían las empresas insolventes. Buscando, por un lado, darle facilidades al deudor para que pueda cumplir con sus obligaciones económicas exigibles de forma viable, y por otro lado, impedir que una persona pueda arrastrar una deuda durante toda su vida si realmente no dispone de medios para sufragarla.

Antiguamente, se hablaba del concepto de bancarrota o quiebra cuando una persona (particular o autónomo) o una empresa no podían hacer frente al pago de las deudas que tenían pendientes. Una situación en la que el volumen de las obligaciones es muy superior al de los recursos disponibles.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal dejó de usarse el concepto de quiebra aplicado a las empresas. De este modo surge el concurso de acreedores, que permite a las personas jurídicas solventar su deuda y seguir existiendo o, en su defecto, proceder a su liquidación.

Sin embargo, particulares, autónomos y pequeñas empresas quedaban fuera del amparo de esta norma, por eso en 2015 entró en vigor la conocida como Ley de Segunda Oportunidad.

El hecho de que se haya elegido para ella este nombre no es ninguna casualidad, porque es una ley de liquidación y perdón de deudas que se aplica tanto a particulares como autónomos y les ayuda a poner fin a una situación financiera que es del todo insostenible.

El ser humano tiene una gran capacidad para empezar desde cero, pero cuando hay deudas resulta muy complicado hacerlo, porque la persona siempre se ve lastrada por esa cantidad que se debe.

Esto es algo que quedó patente a raíz de la crisis económica de 2008. Muchos particulares se encontraron en una situación económica insostenible, con deudas que no podían pagar. Perdieron su casa y todo su patrimonio, y aun así seguían teniendo obligaciones pendientes de pago, lo que les impedía rehacer su vida a nivel financiero.

La situación se hizo poco a poco cada vez menos sostenible y los niveles de morosidad llegaron a cifras nunca vistas, por lo que se empezaron a buscar soluciones. En 2013 se empezó a hablar por primera vez de la posibilidad de implementar un mecanismo de Segunda Oportunidad. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando la norma finalmente entró en vigor.

La regulación actual busca dar a los afectados una verdadera segunda oportunidad para que puedan empezar desde cero, dejando atrás sus problemas económicos.