Esta tarjeta reconoce a los extranjeros solicitantes de protección internacional los mismos derechos que a los españoles, pero no habilita para trabajar ni implica en modo alguno que la petición de protección vaya a ser aprobada.

Se trata de dar al afectado un estatus jurídico que le permita moverse legalmente por el territorio nacional y realizar actividades básicas como abrir una cuenta corriente. 

Sin embargo, cuando se obtiene la tarjeta roja el pasaporte queda bajo custodia de las autoridades españolas, y la tarjeta no es un documento que habilite para el paso de fronteras, por lo que el solicitante no puede salir de España mientras su petición de protección se está tramitando.

Esta documentación tiene una vigencia de seis meses. Pasados ese tiempo, si no se ha resuelto sobre la solicitud, la tarjeta se renueva y se expedirá una en la que se determinará si el titular puede trabajar en España.

Si todo el proceso finaliza positivamente, la tarjeta roja es sustituida por una Tarjeta de Identificación de Extranjero y se devuelve el pasaporte.