Cuando se pone en marcha un negocio o se comienza una actividad profesional hay que tener en cuenta que esto conlleva una serie de riesgos a nivel económico. Lo más habitual es que haya que contraer deudas con bancos, proveedores, etc. para poder desarrollar la actividad, pero si llega el momento en que no se puede pagar lo debido, la situación puede acabar dando lugar a un concurso de acreedores.
¿Qué implica un concurso de acreedores?
Esta figura está regulada en nuestro ordenamiento jurídico y se aplica cuando una empresa no puede cumplir con sus obligaciones económicas. Su objetivo es resolver esta situación y que los acreedores puedan cobrar, si no todo, por lo menos una parte de lo que se les debe.
Las últimas reformas de la Ley Concursal permiten que ahora también las personas físicas puedan usar este procedimiento.
¿Quién puede solicitarlo?
El concurso puede ser voluntario o necesario. Será voluntario si es el propio deudor quien, consciente de que no puede hacer frente a sus deudas, decide acogerse a este proceso. Por el contrario, el concurso es necesario si es solicitado por algunos o todos los acreedores.
¿Cuándo se puede solicitar el concurso de acreedores?
El concurso necesario o forzoso se solicita cuando el acreedor ha visto desatendidos sus pagos. Es decir, cuando ya hay una insolvencia real o actual.
Si es el propio deudor el que insta el concurso, no hace falta que espere a que la insolvencia sea actual, puede solicitarlo si ya hay una insolvencia inminente que le permita prever que no va a poder hacer frente a los pagos y obligaciones que tiene pendientes.
Para que el proceso sea admitido es totalmente necesario que exista un problema económico real susceptible de mantenerse a largo plazo, no debe tratarse de un mero bache.
Plazo y procedimiento
El concurso debe solicitarse en dos meses desde que se tiene constancia de que existe una situación de insolvencia real o inminente. La petición se presenta ante el Juzgado de lo Mercantil que sea competente por razón de territorio.
Fase común
Esta primera fase se divide a su vez en otras cuatro. En la primera se presenta la solicitud, que debe indicar si la insolvencia es real o inminente y aportar además la siguiente documentación:
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Declaración de legitimación para poder presentar el concurso.
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Memoria económica del deudor.
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Lista de acreedores siguiendo orden alfabético.
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Inventario de bienes y derechos del deudor.
En la misma solicitud se puede instar la adopción de medidas provisionales para asegurar que el cobro de la deuda será posible. Esto puede implicar embargos.
En la segunda fase se dicta resolución judicial. Si la petición es admitida a trámite, se publica en el BOE y se da plazo a los acreedores para que presenten su solicitud de cobro en el juzgado justificando las deudas pendientes de pago.
El juez decidirá sobre las deudas que entran en concurso y a continuación nombrará al administrador concursal.
También en esta fase se determina la masa activa y pasiva del concursado y se clasifican las deudas según sean especiales, generales u ordinarias.
Fase de convenio
El administrador concursal se encargará de negociar con los acreedores e intentará alcanzar un acuerdo que podría incluir la quita de una parte de la deuda.
Si las partes llegan a un acuerdo, se firma un convenio que recoge lo pactado, permitiéndose que la empresa o profesional siga desarrollando su actividad con normalidad y pagando a sus acreedores de conformidad con lo firmado.
Fase de liquidación
En aquellos casos en los que por la situación económica del deudor no sea posible alcanzar un acuerdo, se procede a ejecutar un Plan de Liquidación que supondrá la venta de todos los bienes y derechos de la empresa o de la persona en concurso para sufragar con la cantidad obtenida las deudas pendientes.
El concursado pierde todas sus facultades de administración y gestión sobre sus bienes, encargándose el administrador concursal de todo lo referente a la liquidación. Los acreedores cobrarán según el orden de prioridad fijado legalmente.
Fase de calificación
Finalizado el concurso se lleva a cabo un examen de la situación para determinar si lo que ha ocurrido es algo fortuito o si se debe a culpa grave o dolo por parte del concursado o de sus representantes legales.
Ventajas del concurso de acreedores
Esta figura se ha popularizado mucho en los últimos años debido a que si se usa bien puede tener beneficios tanto para el concursado como para sus acreedores.
El acreedor que decide iniciar el proceso adquiere la condición de acreedor preferente y por tanto puede cobrar hasta un 50 % más que el resto de acreedores que se sumen después al concurso.
Por otro lado, si el concurso es calificado como culpable, los acreedores podrán dirigirse contra el patrimonio personal de los administradores de la empresa concursada, sus socios o sus cómplices, si los activos de la empresa no son suficientes para cubrir la deuda pendiente.
En el caso del deudor la solicitud voluntaria de concurso implica que se paralizan las ejecuciones de deuda mientras se resuelve el procedimiento y que no pagará intereses por los créditos no pagados a tiempo que estén dentro del concurso.
Además, este procedimiento permite al deudor hacer una reorganización de su situación económica para poder ampliar el plazo de devolución de las deudas e incluso disminuir su cuantía a través de una quita, lo que le puede ayudar a salvar su negocio y/o su patrimonio personal.
El concurso de acreedores es un procedimiento que es importante conocer y al que no se debe dudar en acudir si se estima conveniente.