Las empresas en quiebra pueden acogerse a la denominada Ley de la Segunda Oportunidad. Cuando una empresa no es capaz de hacer frente a sus deudas por falta de fondos, esta puede declararse insolvente. La empresa entrará en un concurso de acreedores y podrá beneficiarse de la segunda oportunidad. Para ello, será necesario que se cumplan diferentes requisitos.
¿Qué pasa con las empresas en quiebra?
La quiebra de una empresa ha sido el incidente de muchas compañías. Según un estudio de la consultora PwC, desde 2004 más de 45.000 empresas han llegado a la quiebra comercial. El concurso de acreedores es el primer paso tras la situación de quiebra. Este se da cuando un negocio no puede hacer frente a las deudas más básicas: el pago de las nóminas o los pagos a Hacienda o la Seguridad Social.
Existen dos modalidades de concurso. Por un lado, el responsable de la sociedad puede acogerse de forma voluntaria al concurso cuando detecte que no tiene liquidez. La legislación permite estar tres meses en situación de impago sin solicitar el concurso. En este punto, cualquier demanda de los acreedores queda paralizada. No podrán producirse ejecuciones hipotecarias y las deudas no generarán intereses.
El segundo tipo de concurso se produce cuando ya no hay más opción. Puede ser solicitado por cualquier acreedor o socio de la compañía cuando vea una falta de fondos. Una de las principales ventajas es que el 25 % de las deudas serán consideradas como privilegiadas cuando se salden cuentas. Cuando una compañía entra en concurso de acreedores, un juez nombrará al administrador concursal. La conocida como Ley de Segunda Oportunidad puede ser compatible también tanto para particulares como para autónomos.
El preconcurso, una alternativa al concurso de acreedores
Las empresas al borde de la quiebra pueden beneficiarse del preconcurso. Una modificación de la Ley Concursal introdujo este tipo de procedimiento. El objetivo era que los verdaderos responsables de la empresa pudieran tomar decisiones sin tener las manos atadas. Esta vía permite a la compañía conseguir tres meses de plazo antes de la declaración oficial del concurso.
Este período puede aprovecharse para entablar negociaciones con los acreedores, especialmente con los bancos. De hecho, el mecanismo de la Segunda Oportunidad puede aprovecharse para conseguir un nuevo instrumento de pago. Además, la gestión habitual de la empresa se mantiene.
En el caso de que las negociaciones no funcionen, surgirá la figura del administrador concursal. Una de sus primeras tareas será examinar los movimientos que se llevaron a cabo durante los dos últimos años. El objetivo es detectar si se han producido situaciones que iban en contra de los intereses del negocio.
Las deudas en el caso de quiebra
Si una empresa quiebra, ¿qué pasa con las deudas? Esta es una de las cuestiones principales. Especialmente cuando hay empleados de por medio. Una de las primeras consecuencias del cierre de una empresa es el despido de los trabajadores. Obviamente, sin sociedad no hay ningún tipo de empleo que ofrecer. Cuando una compañía se declara en concurso de acreedores, el despido de los empleados será siempre procedente.
Sin embargo, cada trabajador sigue teniendo derecho a cobrar un finiquito y una indemnización. El finiquito corresponde al salario por el mes en curso, junto a los días de vacaciones no disfrutados. Al mismo tiempo, también deberían pagarse los bonos por objetivos.
No debería haber indemnización, a no ser que la quiebra económica fuera un fraude. En este caso, al trabajador le corresponderían 20 días de salario por cada año de trabajo en la empresa, hasta un máximo de 12 mensualidades. Cuando una empresa se declara en concurso de acreedores, su principal prioridad será el pago de las nóminas.
En el caso de que haya una sentencia judicial que avale la insolvencia de la empresa, Fogasa se hará cargo de los pagos. Además, cada empleado seguirá teniendo derecho al paro. Sea como fuere, puede ser muy recomendable intentar acogerse al procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.
Todo lo que se debe saber sobre facturas impagadas
¿Cuándo prescribe una factura impagada? Esta es una de las principales dudas. En la Ley 42/2015 de 5 de octubre se establece un plazo máximo de cinco años para reclamar el impago de una factura. Anteriormente, el periodo era de 15 años. El hecho de que el plazo haya vencido no significa que no haya que pagar la factura. Simplemente, ya no se puede reclamar. El plazo empieza 60 días después de haberse emitido la factura.
A la hora de imponer una demanda por impago de factura, existen diferentes opciones. Si la factura es menor a 2.000 euros, el propio usuario deberá llevar a cabo la reclamación. Habrá de entregar el formulario correspondiente junto a la documentación pertinente ante el Consejo General del Poder Judicial. Si el importe es superior a 2.000 euros, será necesario contratar a un abogado y un procurador.
Como conclusión, hay que recordar que existen muchos procedimientos que rodean a las empresas en quiebra. Por ello, la mejor solución es siempre es ponerse en contacto con especialistas en Ley de Segunda Oportunidad. Si es tu caso y quieres ampliar información acerca de esta materia estaremos encantados de atenderte.