¿Acumulas deudas que no puedes afrontar? Liberarte de ellas es posible

Esta ley no implica directamente la cancelación de las deudas pendientes. Lo que se busca es que el deudor pueda renegociar sus deudas con sus acreedores a través del asesoramiento de nuestros abogados, de forma que pueda saldar la cantidad pendiente poco a poco y a la vez pueda desarrollar su vida con normalidad. Solo en los casos más extremos el juez acuerda directamente una cancelación de la deuda

• No estar cumpliendo pena igual o superior a 3 años de privación de Libertad (ni tenerla suspendida) por condena relativa a delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, o contra los trabajadores.

• Ser deudor de buena fe.

• No haber sido el culpable de originar el concurso de acreedores.

La cancelación será provisional durante un plazo de hasta 5 años, pero se hará definitiva si, transcurrido ese plazo, no hay una mejora sustancial de las condiciones económicas

• Permite acabar con las deudas. Este es su objetivo y su principal beneficio, permitir que las personas físicas o jurídicas que tienen deudas puedan verse libres de ellas y empezar de nuevo. De ahí la denominación "segunda oportunidad". Pero hay que tener en cuenta que conseguir la exoneración del 100% de las deudas pendientes no es fácil. Primero hay liquidar todos los bienes (salvo excepciones de bienes no embargables). Si aun así no es posible cubrir las obligaciones pendientes, es entonces cuando el juez puede acordar exonerar al deudor de esa cantidad que no puede pagar.
• Permite paralizar el devengo de intereses sobre la deuda existente.
• Permite en su caso negociar con los acreedores desde una buena posición bajo el amparo de la Legalidad.

1. No puede acceder cualquiera

 Queda reducido a las personas físicas, habiendo ya un procedimiento diferente para personas jurídicas.

Aunque el procedimiento para acogerse a la segunda oportunidad es apto para personas físicas, a él no puede acceder cualquiera, es necesario cumplir unos requisitos. Entre ellos haber actuado de buena fe y no esté cumpliendo condena (o no tenga la pena suspendida), mayor a 3 años (de privación de libertad) y además no haya satisfecho la responsabilidad civil. Es decir, que si no se da esa casuística nada impediría que pueda beneficiarse el deudor, aunque hace 1 año, por ejemplo, haya salido de la cárcel terminando de cumplir condena por estos delitos. Otra cosa es que los jueces interpreten que si en los 10 años anteriores ha sido condenado, esto conlleva mala fe, Pero esto no parece que ocurra, y si ocurre se tendrá que luchar judicialmente.

2. Es necesario contar con profesionales.

La ley expresamente exige preceptiva la firma de abogada/o para poder iniciar el proceso. Además de su firma, se entiende fundamental la intervención del Abogado Especialista en este proceso de segunda oportunidad

El deudor no puede acudir por sí mismo al concurso de acreedores y luego al proceso de segunda oportunidad. Para saber qué hacer y cómo hacerlo debe contar con especialistas en Derecho e incluso en Finanzas. En Red Autónomos asesoramos sobre la Ley de Segunda Oportunidad, poniendo a nuestros mejores profesionales al servicio de quien los necesita.

3. Existe una gran desinformación.

A pesar de llevar ya un tiempo en vigor, el recurso de segunda oportunidad sigue siendo muy poco conocido entre la mayor parte de la población, lo que hace que sean realmente pocos lo que acuden a él, pero es cierto que desde la modificación en cuestión ha salido mucha más publicidad y se está dando a conocer.

El mecanismo de Segunda Oportunidad se puede utilizar para conseguir un nuevo acuerdo de pago o incluso la exoneración total tanto de deudas privadas como de deudas públicas. De ahí que algunos hagan referencia a esta legislación como la Ley de liquidación y perdón de deudas.

Dado que se trata de un procedimiento de auxilio a particulares y autónomos, lo más común es que las deudas que ocasionan problemas de pago sean las siguientes:

Préstamos personales

El préstamo personal es una de las principales formas de financiación. A veces se recurre a él por existir una verdadera necesidad de obtener liquidez, por ejemplo para montar un negocio, y otras por mero capricho, por ejemplo para pagar un viaje.

Sea cual sea el motivo por el que se pidió en su día el dinero, puede ocurrir que llegado un determinado momento el prestatario no pueda seguir pagándolo. En este caso la deuda sigue creciendo, porque al principal y a los intereses hay que sumar ahora los intereses de demora. Esto puede hacer que una deuda que empezó siendo pequeña acabe teniendo importantes dimensiones.

Microcréditos y tarjetas de crédito

Cuando la cantidad de financiación que se necesita no es muy alta, son muchas las personas que prefieren dejar de lado la negociación y los costes asociados a un préstamo personal y optar por obtener el dinero a crédito a través de una tarjeta o de otras fórmulas como los microcréditos o los créditos rápidos.

El inconveniente de estos productos es que los intereses que se aplican suelen ser notablemente más altos que los de un préstamo personal y, además, los intereses de demora pueden llegar a ser muy elevados. Hasta el punto en que en algunos casos los tribunales han hablado de usura en estos tipos de financiación.

Hipotecas

El préstamo hipotecario es la principal deuda que asume un particular a lo largo de su vida. Generalmente, implica asumir un volumen de deuda grande, con intereses que pueden ser fijos o variables y con un plazo de amortización de hasta varias décadas.

Esto supone que a lo largo de la vida del préstamo hipotecario el deudor puede pasar por muchas situaciones, incluyendo aquella en la que ya no le sea posible pagar. En estos casos el banco recurre a la ejecución hipotecaria. A consecuencia de ello, el deudor se queda sin vivienda y además sigue debiendo dinero. El mecanismo de Segunda Oportunidad permite liquidar esa deuda que ha quedado pendiente y así el afectado puede por fin empezar desde cero.

Ley de Segunda Oportunidad, deudas de Seguridad Social y Hacienda

La relación entre Hacienda y Seguridad Social y la Ley de Segunda Oportunidad ha sido compleja. En su origen, la norma determinaba expresamente que las deudas públicas con Hacienda y la Seguridad Social no podían ser objeto de extinción a través del procedimiento que ella misma establecía. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido llevando a una modificación de criterio. Actualmente, con la última reforma legislativa, se podría por ministerio de Ley, exonerar hasta 20.000 € de deuda pública Y en todo caso se podrá exonerar mínimo 15.000 € de dicha deuda pública.

Existen ciertas posibilidades de que puede quedar exonerado de pagar hasta el 70% de los créditos públicos contraídos con la Seguridad Social o con Hacienda. Incluso en casos especiales, se puede acudir a la Justicia de Unión Europea ( TJUE ) a luchar lo que en España, en su caso, se deniegue, aunque se deberá estudiar caso por caso, al ser un proceso excepcional que podría conllevar un coste aparejado.

En cuanto a la deuda restante, el juez puede limitar y cuantificar el fraccionamiento de los pagos.

Contar con un despacho de abogados expertos en Ley de Segunda oportunidad es algo fundamental para poder empezar de nuevo. Un abogado experto en Ley de Segunda oportunidad será capaz de asesorarte a la hora de elegir la estrategia a seguir, decidiendo si es mejor optar por un aplazamiento, una reducción o, directamente, la cancelación de la deuda, teniendo en cuenta las características específicas de cada caso.

Además, es fundamental que el abogado esté especializado, también, en la negociación que acompaña al proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que no solo tendrá que negociar con los acreedores sino también con otros profesionales contratados por las partes contrarias e incluso designado directamente por el Juzgado.

Red Autónomos es una organización sin ánimo de lucro, por lo que ofrece la garantía de que, en caso de que no se produzca la exoneración del pasivo en los términos que recoge la Ley Concursal, se devolverán los honorarios de los abogados, siempre y cuando dicha falta de exoneración no sea debida a:

• Mala fe del cliente
• Ocultación de datos por parte del cliente.